- En este mismo ámbito internacional, el denunciante pionero de robo de bebés en nuestro país, el abogado granadino Eduardo Raya, anunció el pasado mes de septiembre que llevaría el caso de la presunta sustracción de su hija, ocurrida en 1990, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, al constituir un “ataque sistemático contra la población civil”. Raya anunció que otros afectados están en la misma tesitura de que sus casos, una vez agotado el recorrido judicial español, acaben también en Estrasburgo.
Colectivo
Sin Identidad interpone una denuncia ante el Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por la “pasividad”
del Gobierno en la investigación de los miles de casos, que pueden
constituir crímenes contra la humanidad
La
investigación por la desaparición masiva de niños durante el
franquismo y buena parte de la democracia va camino de convertirse
en un conflicto internacional. Primero fueron los afectados
andaluces los que anunciaron que llevarían sus casos al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, por considerarlos delitos de lesa
humanidad. Ahora son los canarios Colectivo Sin Identidad quienes
han acudido a la ONU pidiéndole que obligue al Estado español a
buscar a los niños dados en adopción irregular, posiblemente
robados, y los restituya a sus familias y acaben así con su actual
“sufrimiento”.
La
denuncia fue interpuesta el pasado lunes 8 de octubre en Ginebra
(Suiza) ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de Naciones Unidas pidiéndole su intervención “a
la mayor brevedad posible” dado el “incumplimiento” por parte
del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y
restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a
sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y
1990. El autor de la denuncia, el jurista Miguel Ángel Rodríguez
Arias, explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están
vivos, y por tanto el Estado español está obligado a
identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias,
en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones
internacionales que España ha firmado.
Rodríguez
Arias es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad
de Castilla-La Mancha y autor del libro El caso de los niños
perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, pero aclara que
con esta acción ante la ONU no se pretende la persecución de estos
delitos. Se trata más bien de seguir el ejemplo de las Abuelas de
la Plaza de Mayo de Argentina, sobre todo cuando el número de niños
desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que el
caso argentino. Este grupo de trabajo actúa precisamente como cauce
de comunicación con los gobiernos para averiguar la suerte y
paradero de los desaparecidos.
Por
eso, en la denuncia se pide a la ONU que ordene al Gobierno español
la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de
datos genéticos, un grupo de fiscales especializados y una unidad
de Policía judicial dedicada solamente a este asunto. “Es el
Estado el que tiene que intervenir, no se puede dejar esta cuestión
a iniciativa de los parientes”, cuando la legislación obliga a
“una investigación oficial efectiva e independiente”. Así lo
establece, según señala Rodríguez Arias, la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, que España ratificó en 2006 y debe
transponer a la normativa nacional antes del próximo 23 de
diciembre.
Sin
embargo, hasta ahora se están encontrando con la “pasividad”
del Gobierno. La denuncia ante la ONU, firmada también por el
sociólogo Francisco González de Tena, afirma que las víctimas
españolas están recibiendo “un trato inhumano y degradante”
vinculado a “la angustia y el destrozo psicológico” derivados
de no poder encontrar a los hijos, madres, padres y hermanos que
buscan. En los juzgados se han interpuesto ya unas 1.500 denuncias,
y varias miles más se están investigando de forma privada, pero
hasta el momento no han redundado en la averiguación de la
identidad actual de los desaparecidos, ningún médico, funcionario
o religioso implicado ha sido condenado y sólo se ha imputado a la
monja madrileña sor María Gómez Valbuena.
Los
afectados invitan a la ONU a enviar una delegación a España para
comprobar “la situación profundamente dramática” que viven las
familias y piden ser recibidos en Ginebra para explicar los casos.
Un portavoz de Colectivo Sin Identidad y víctima también de esta
trama ha declarado a Periodismo Humano que se están encontrando en
todas las instancias judiciales e institucionales con “una ruta de
silencio muy dura, el bastón de la ansiedad es tan cruel que es
difícil resistir”, y “el tiempo juega en nuestra contra”
puesto que la esperanza de vida de muchos niños criados en
orfanatos, como es el caso de bastantes desaparecidos, es menor que
la del resto de la población, “es parte de la masacre que han
hecho con nosotros”.
Este
afectado relata como en las Islas Canarias, desde 1938 hasta bien
entrados los años ochenta, funcionaron centros de Falange Española,
colegios infantiles y orfanatos de los que salían hasta doscientos
niños al año, entregados a familias o con certificados de muerte
“más que dudosas”. “La adopción era el botín de guerra”,
afirma sin ambages, a la vez que denuncia los “métodos nazis”
usados en esos orfanatos, que llevaban a algunos de esos niños “a
la oligofrenia y a otras enfermedades mentales”. Por eso, “la
responsabilidad la va a asumir quiera o no quiera el propio Estado,
yo no voy a denunciar a ninguna monja en particular, nos dejamos de
pamplinas y vamos a la investigación global”, concluye.
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